El 10 de noviembre de 2006, tres semanas antes de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia de la República, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) le lanzó su primera advertencia: "Esto apenas empieza".
No ha pasado un año de que los guerrilleros dijeran lo anterior en entrevista con Proceso (edición 1567) y ya realizaron los dos sabotajes de mayor magnitud en la historia reciente de México: volaron conductos importantes de Pemex que afectaron a 3 mil empresas y causaron pérdidas por aproximadamente 2 mil 800 millones de pesos.
A partir de entonces el gobierno de Calderón desplegó un operativo militar para desactivar al EPR. "Pero las acciones van a aumentar", opina en entrevista el abogado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, exintegrante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo/ Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP).
"Felipe Calderón tiene un gran reto: resolver un problema que le está reventando en la cara, las causas económicas, sociales y políticas que han orillado a que miles de mexicanos se vean en la necesidad de tomar las armas. Ese es el fondo del problema que representan el EPR una docena de organizaciones político-militares que están en espera de actuar", dice Canseco Ruiz, y propone la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno federal y los grupos guerrilleros.
Además, revela que el 9 de agosto pasado, al mediodía, un hombre uniformado y que se identificó con credencial del Ejército se presentó en las oficinas de Izquierda Democrática Popular (IDP), la organización civil que Edgardo Canseco fundó con otros exguerrilleros.
Según Canseco, el militar les dijo que había presenciado el ingreso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez a las instalaciones del Campo Militar Número 1 y había escuchado que los torturaban todos los días. Justamente lo que ha negado en innumerables ocasiones el gobierno de Felipe Calderón, sobre todo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Canseco Ruiz aclaró que fue otro colaborador de IDP quien atendió al soldado y que éste no dio fechas, pero dijo que desde el ingreso de los dos eperristas a un área de la Policía Militar, a cualquier persona que entra ahí se le recogen la identificación y el teléfono celular, cuyo número se registra para cuidar que la información no se filtre.
"No sé por qué fue con nosotros y tampoco por qué fue a darnos esa información, pero es un testimonio de un militar, de un soldado que se identificó con una credencial del Ejército, y por eso nosotros decimos que sí están detenidos en el Campo Militar Número 1."
Esto coincide con la versión que el EPR ha repetido en al menos la mitad de los 32 comunicados que ha emitido desde Veracruz, Hidalgo, Chiapas, Puebla, el Valle de México, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro desde el pasado 2 de junio, cuando denunció por primera vez que sus dos militantes habían sido detenidos en Oaxaca el 25 de mayo, "entre las 20 y 22 horas, en una acción fortuita de la policía".
En uno de esos comunicados, fechado el 10 de julio, el grupo armado manifestó que sus dos integrantes habían sido torturados durante 10 días, hasta causarles fracturas, en la Procuraduría de Justicia de Oaxaca y en presencia de altos funcionarios estatales como el propio procurador, Evencio Nicolás Martínez Ramírez; el coordinador regional de la PFP en Oaxaca, Miguel Ángel Quezada Colombo, y Francisco Garduño Juárez, coordinador regional de la AFI.
Pero fue hasta el 25 de julio, en un comunicado emitido desde Veracruz, cuando el EPR denunció por primera vez que sus hombres estaban detenidos en instalaciones militares.
A petición de organismos no gubernamentales, el 14 de agosto la Secretaría de la Defensa Nacional, abrió las puertas de una de las prisiones existentes en el Campo Militar Número 1 para que Jesús Urióstegui, director del programa de presuntos desaparecidos de la CNDH realizara una visita. La inspección duró unos cuantos minutos y "confirmó" que los dos eperristas no se encontraban ahí.
Pero para entonces ya habían pasado tres meses de la primera denuncia de su desaparición y tortura en instalaciones policiacas de Oaxaca y luego en el Campo Militar Número 1, cerca del edificio central de la Sedena.
Los daños y el riesgo
Desde la desaparición de sus militantes, el EPR anunció que emprendería una "campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo". Desde entonces han realizado cuatro acciones armadas:
El 5 y el 10 de julio hicieron explotar conductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro; el 29 del mismo mes liberaron a presos de la cárcel en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas; el 1 de agosto detonaron dos bombas en la tienda Sears y en una sucursal de Banamex en la ciudad de Oaxaca, y el pasado lunes 10 sabotearon con explosivos gasoductos de Pemex en Veracruz y Tlaxcala.
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) estimó que el sabotaje a los gasoductos de Guanajuato y Querétaro provocó pérdidas de 400 millones de pesos en 29 plantas de Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y el Distrito Federal. Pemex estima que resultaron afectados 366 mil 649 clientes residenciales, 3 mil 768 comerciales y 504 grandes clientes, entre ellos Nissan.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) consideró que, por las recientes explosiones de los ductos en Veracruz y Tlaxcala, se interrumpió 60% de la industria siderúrgica nacional y 50% de la automotriz terminal, en la que destacan las empresas Volkswagen y Nissan. También se vieron afectadas otras grandes compañías, como Vitro, Chrysler, Mabe, General Motors, Ford y Honda.
La estimación de pérdidas es de 100 millones de dólares al día, lo que significa un total de 800 millones de dólares, según la previsión de que el suministro de gas se normalice el 18 de septiembre. Por su parte, Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, señaló que más de 2 mil empresas de 10 estados perderían el equivalente a 2% de su producción anual.
Por estas razones ese atentado, que el EPR consumó en la madrugada del domingo 2 con explosivos químicos, se considera el mayor sabotaje económico en la historia reciente del país.
De hecho, por ese motivo el gabinete de seguridad se reunió dos días seguidos y el Ejército se declaró en alerta roja el martes 11 de septiembre –según publicó el reportero Jesús Aranda en el diario La Jornada–, lo cual sólo había ocurrido durante los dos primeros años del conflicto en Chiapas.
Además, el diputado José Manuel del Río, presidente de la Comisión de Marina, informó que el gobierno federal le encargó a la empresa estadounidense SY Coleman Corporation preparar un centro de vigilancia aérea para las instalaciones estratégicas, incluidas las energéticas.
La preocupación por el sabotaje repercutió hasta el gobierno de Estados Unidos. El periódico Reforma informó el 14 de septiembre que el Consejo Asesor de Seguridad en el Exterior del Departamento de Estado reconoció que "varias compañías de Estados Unidos han detenido su producción o están utilizando reservas de gas de emergencia para continuar operando".
En tanto que Fred Burton, vicepresidente de una empresa de seguridad en Texas que tiene clientes en México, manifestó su preocupación por una posible escalada de sabotajes, tanto del EPR como de otras organizaciones guerrilleras.
Al respecto, Felipe Edgardo Canseco señala que el Estado mexicano y Calderón tienen el reto de abrir el escenario político para resolver los problemas del país, mediante una mesa de diálogo nacional en la que intervengan todos los actores políticos, incluyendo a la insurgencia armada.
Advierte, sin embargo, que Calderón necesita de un golpe de timón porque el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ha demostrado que carece de oficio político. Lo mismo opina del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien ha declarado que el EPR es "un pequeño grupo" de "terroristas" que sólo "distrae" la atención de las autoridades.
Sostiene que si alguien está aconsejando a Calderón que la vía de la represión es la solución a expresiones como la del EPR o cualquier otro grupo armado, está llevando al gobierno a un callejón sin salida, como ocurrió con los gobiernos de los últimos 40 años.
PROCESO 1611 / 16 de septiembre de 2007 29
No hay comentarios.:
Publicar un comentario