Detienen e interrogan a un miembro de la organización (IDP) tras la ofensiva del EPR
Blanche Petrich
El colectivo de ex presos del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup), integrado por una docena de guerrilleros que en los años ochenta, mientras purgaban sentencias en prisión, rompieron sus vínculos con la organización armada, anunció que iniciará una campaña de información para denunciar una nueva etapa de hostigamiento y presión por parte de la policía federal, a raíz de la nueva ofensiva del Ejército Popular Revolucionario (EPR). El pasado 14 de septiembre uno de sus integrantes, Hermenegildo Torres Cruz, fue detenido a punta de pistola en la calle, cerca del local de Izquierda Política Democrática, la organización en la que militan. Fue trasladado a la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) e interrogado toda la noche.
“De inmediato me colgaron un gafete que decía ‘visita’. No quisieron reconocer que me habían llevado detenido. Mi primera pregunta al fiscal Ernesto Hernández Ramírez fue: ¿por qué no me mandaron un citatorio, si me querían interrogar? Hubiera venido sin necesidad de un operativo al estilo de los años de la guerra sucia”, señaló en entrevista con varios integrantes del colectivo. En la serie de interrogantes a la que fue sometido le preguntaron insistentemente por Enrique Itehua Salas, otro ex combatiente, a quien calificaron como “el más escurridizo” del antiguo Procup. Itehua, a su vez, pregunta: “¿Por qué escurridizo? Desde que quedé en libertad, hace 10 años, la policía nos controla en nuestros domicilios en los municipios de Los Reyes-La Paz y Chicoloapan, estado de México. Y en nuestro local, en el Centro. Nuestras actividades son todas legales y no nos estamos escondiendo de nadie. El problema es que a raíz de los atentados del EPR contra Pemex la policía no busca quién lo hizo, sino quién lo pague”.
Los antiguos reos aseguran que su crítica no es a que se busque a los comandos del EPR que participaron en los atentados “sino que no se haga en el contexto de la ley, conforme a derecho”. Y manifestaron su preocupación por lo que consideran son “indicios de que México está entrando una nueva etapa de represión en la que se persigue la lucha social”. La misma Izquierda Popular Democrática (IPD) es objeto de esta persecución, aseguran, no sólo por el arresto de Torres Cruz sino porque elementos de la PGR han visitado a los presidentes municipales mexiquenses donde tiene su base social y a partir de ahí han obstaculizado todos sus proyectos.
Ante el “escenario tan complicado” que se está creando en el país, indicaron, la IPD propone al Congreso de la Unión que se sienten las bases para un diálogo nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad, para construir vías de solución pacíficas. Entre los objetivos que se buscan está el de una amnistía amplia para la excarcelación de todos los presos políticos y “que se le pida respetuosamente al EPR, no que claudique, pero que luche por la vía pacífica. Partimos del principio de que así como no es legal poner bombas, tampoco lo es combatir a la guerrilla desapareciendo ciudadanos y actuando fuera del estado de derecho”, dijo Hermenegildo Torres. Otro miembro del colectivo, Pablo Torres Ruiz, agregó que si bien esta propuesta “puede parecer una utopía, sobre todo después de oír el discurso del procurador Eduardo Medina Mora, nos sentimos con la obligación de hacerla. Mejor que nadie, nosotros sabemos que la vía armada no deja más que muertos, desaparecidos y odio en la sociedad”.
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