El gobierno resarcirá a las víctimas de la guerra sucia

Gobernación prepara “comité de reparación del daño”

PGR analiza andamiaje jurídico; Hacienda calcula gastos

Fabiola Martínez y Gustavo Castillo

El gobierno calderonista prepara la integración de un “comité de reparación del daño”, con el cual el Estado mexicano pretende saldar una parte de su responsabilidad con las víctimas de la guerra sucia.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace cálculos de los recursos que serían necesarios para indemnizar a particulares, familiares o comunidades afectadas por acciones del Estado en las décadas de los años 60 y 70.

La Secretaría de Gobernación (SG), encargada de sentar las bases y coordinar el proyecto, estudia también, junto con la Procuraduría General de la República (PGR), el alcance de este comité para armar, lo que se prevé, un complejo andamiaje jurídico.

Lo anterior porque la PGR “heredó” más de 500 expedientes de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia que desapareció sin entregar resultados concretos –de acuerdo con la propia PGR– acerca de 530 averiguaciones previas (con las que se justificó su creación en noviembre de 2001) vinculadas con la desaparición de guerrilleros.

Además, porque el Estado reconocería las violaciones al derecho a la vida, pero también la lucha social de los desaparecidos e incluso concedería una suerte de “perdón de Estado” para quienes se vinculó con actividades consideradas ilegales.

Antecedentes para retribución económica

La posible retribución económica en cuestión ya tiene, como antecedente, una solicitud previa. En abril de 2005, la Femossp difundió la posibilidad de instaurar un programa para otorgar una indemnización a familiares de desaparecidos y afectados por la guerra sucia.

En aquel momento, el titular de la Fiscalía, Ignacio Carrillo Prieto, solicitó a la Cámara de Diputados que aprobara una partida especial de casi 900 millones de pesos para reparar el daño a quienes hubiesen sido agraviados en los años 60, 70 y 80. Se habló incluso de dar 350 mil pesos a familiares de desaparecidos y 250 mil a quienes fueron privados de su libertad. El proyecto no fructificó.

Ahora, la SG ve en el comité en ciernes una alternativa para atender y saldar los casos en los que el Estado violó el derecho a la vida, pero aclara que no sólo se trata de ofrecer un finiquito económico a las víctimas o sus familiares, sino avanzar hacia la reparación del daño histórico y moral.

“Es un proyecto amplio; requiere de recursos muy importantes y constituiría una de las acciones más ambiciosas de la presente administración. (…) Sabemos que habrá quien no acepte la reparación del daño o que nos diga: ‘primero quiero saber dónde está el cuerpo de mi familiar’, o habrá otros que no acepten porque no hay precio alguno que valga por su esposo o su hijo desaparecido”, comentó una de las fuentes consultadas, involucrada en la redacción del proyecto.

En principio se analizaron los mecanismos, normas y estándares internacionales –como los casos de Perú o Argentina, así como la jurisprudencia que en la materia emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos– y la forma en que podría aplicarse esta alternativa en México, porque no sólo se pretende entregar una retribución individual, sino también saldar daños a escalas familiar y colectiva.

El camino es largo porque el gobierno pretende difundir el proyecto aludido en los primeros meses del próximo año y deberá contar con el respaldo (y aprobación del presupuesto correspondiente) del Poder Legislativo.

Aunque hay un esquema preliminar, los involucrados en esta etapa reconocen que deberá delimitarse perfectamente el universo de víctimas y hacer un “nuevo censo” de los desaparecidos en la guerra sucia, en coordinación con el área de investigaciones de la PGR.

En 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe con base en el cual recomendó al Presidente de la República la designación de un fiscal especial para investigar los casos acreditados como “desaparición forzada” y “revisar la posibilidad de reparar el daño mediante la prestación de servicios médicos, vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada”.

La recomendación anterior es tomada como un punto importante de partida –en particular en el reconocimiento de al menos 275 casos de ese tipo– para el avance del “comité de reparación del daño” que, según las primeras previsiones, tendría carácter inerinstitucional. La figura de “reparación del daño” existe en la legislación mexicana. Es una obligación directa del Estado de indemnizar a particulares lesionados en su bienes y derechos por la acción irregular de la autoridad. Con ello, también se pretende armonizar el derecho interno con el internacional, así como refrendar el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos.

De acuerdo con juristas, la reparación del daño en México ha tenido su principal sustento en el derecho civil. En junio de 2002 se adicionó el artículo 113 de la Constitución para incorporar esa garantía y agregar la responsabilidad “objetiva y directa” del Estado y, en consecuencia, sustenta de esta forma la indemnización.

En el derecho internacional, la reparación del daño ha sido ubicada con el propósito de aliviar el sufrimiento de las víctimas y hacer justicia, eliminando o compensando hasta lo posible las consecuencias del acto injusto.