Ricardo Mejía, Hermenegildo Torres Cruz, Enrique Itehua Salas y Rubén Díaz dan lectura a un comunicado donde se deslindan de las actividades del EPR Foto: Yazmín Ortega Cortés La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) indaga la supuesta existencia de planes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en los que se contempla el secuestro de altos funcionarios federales, y la colocación de artefactos explosivos en diversas representaciones diplomáticas, según los interrogatorios a que fue sometido Hermenegildo Torres Cruz, integrante de la organización Izquierda Democrática Popular (IDP), tras ser detenido sin mandamiento ministerial alguno, y puesto a disposición del Ministerio Público federal, en calidad de “testigo”, para que declarara sobre “qué sabía del EPR, y de algunos supuestos integrantes de la organización”.
Hermenegildo Torres Cruz fue sometido a interrogatorio durante tres horas
Gustavo Castillo García
Entrevistado a las puertas de la SIEDO luego de su liberación, Torres Cruz narró parte de su interrogatorio, y cómo es que hasta que fue puesto a disposición del fiscal Ernesto Hernández Ramírez se le notificó que su detención no era en razón de acusación alguna en su contra, sino para que declarara como testigo lo que sabía de las explosiones en ductos de Pemex y la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes están desaparecidos desde mayo pasado.
Hermenegildo Torres Cruz, un ex guerrillero del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup), fue detenido al filo de las 10 de la noche el pasado viernes en la sede de la IDP, que se localiza en Netzahualcóyotl número 12, en la delegación Cuauhtémoc.
Tras su detención fue llevado a las instalaciones de la SIEDO, donde permaneció hasta las nueve y media de la mañana del sábado, luego de que fue interrogado durante tres horas, en las que además de cuestionarlo sobre su pasado –cuando fue detenido y encarcelado durante siete años por colocar artefactos explosivos en sucursales bancarias y negocios en 1991– reconoció ante el Ministerio Público federal que ya renunció a las armas y ahora participa en una organización civil.
Así, durante su encierro en la SIEDO, donde, según dijo, no se le permitió contar con un abogado “porque estaba en calidad de testigo y no de indiciado”, el fiscal Ernesto Hernández Ramírez le notificó que se encontraba allí en calidad de “presentado y que como me mencionaron en una averiguación previa tengo que declarar”.
Sin embargo, “no quiso decirme quién me mencionaba, pero que tenía que declarar, que yo soy testigo de muchas cosas”.
El ex guerrillero dijo: “me preguntaron qué sabía del Comando Jaramillista Morelense y de bombas que van a colocar en el estado de Morelos. Aclaro que no tengo ninguna relación con grupos armados, que pertenecimos en el pasado, eso es historia.
“Luego me preguntaron si conozco a Enrique Itehua Salas, que si lo veo diario. Sí lo conozco, es compañero, un ex preso también; lo veo diario porque trabaja con nosotros en proyectos de vivienda en Chicoloapan, estado de México. Diario se va a trabajar porque tiene un puesto donde vende semillas y chiles secos; esa es la actividad del compañero, le dije al fiscal.
“Entonces me dice que si conozco a un tal Juan Espíndola. Es la primera vez que me lo mencionan, no lo conozco. Luego, que si conozco a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Cruz Sánchez. Le respondo que no, y dice ¿qué opina que están desaparecidos? Yo opino que ninguna persona en México debe ser desaparecido si es un estado de derecho. Lamento que estén desaparecidos, contesté.
“El fiscal me pregunto también: qué sabe de la Torre Mayor. Y le dije que en relación a qué, y entonces me dice que de un carro que apareció por ahí. Contesté que eso salió en la prensa, y me espetó que si sabía cómo lo habían hecho. Respondí entonces que no sé porque yo no lo puse, que yo nomás supe lo de la prensa.”
Entonces, señaló Hermegildo Torres, el fiscal Ernesto Hernández Ramírez dijo que qué sabía “acerca de que el EPR está planteando el secuestro de altos funcionarios federales y la colocación de bombas en varias embajadas. Me hizo varias preguntas, y fue muy incisivo en cuanto a mi supuesta relación con grupos armados”.
“El fiscal –dijo el ex guerrillero– me presentó luego el escrito de mis declaraciones, pero a pesar de que sólo estuvo él por parte de la PGR y no hubo nadie de mi confianza, supuestamente Roberto Gómez Rodríguez e Ignacio García Díaz firmaron como testigos de la diligencia, pero nunca los conocí”, concluyó.
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